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Las sobrevivientes de los abusos tardaron décadas en romper el silencio.
Cuando Rosa Tuuil entró a la sala del Tribunal A de Mayor Riesgo en Guatemala sintió una involuntaria oleada de enojo.
Frente a ella se encontraba, a unos metros, el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij, el mismo que hace más de 30 años se llevó a su esposo. Nunca supo más de él.
El soldado, junto con el coronel retirado Francisco Reyes Girón, eran juzgados por homicidio y por mantener a 15 mujeres indígenas en esclavitud sexual y laboral durante el conflicto armado de los años 80.
Las víctimas eran originarias de Sepur Zarco, una comunidad indígena de la etnia maya q’eqchi. Algunas sufrieron agresiones constantes durante seis años.
El enfado de Tuuil aumentó cuando Valdez Asij que dijo que nunca había estado en el pueblo.
Con la ayuda de una traductora, pues no habla español, Rosa Tuuil le dice a BBC Mundo: “Sentí mucho enojo”.
“Hubo un momento en que lo quería enfrentar palabra con palabra, pero no podía hacer nada”.
“Estábamos en un tribunal y ante la justicia. Me tuve que resistir y aguantar mi enojo”.
Al final del juicio los inculpados recibieron una sentencia acumulada de 360 años de prisión.
“Mucho corazón”
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La sentencia contra los perpetradores es histórica.
La determinación de las juezas se consideró como histórica en Guatemala.
Pero para las mujeres que durante varios años sufrieron brutales abusos sexuales, a quienes les quitaron a sus esposos y vieron morir de hambre a sus hijos, la sentencia no equivale al perdón.
“No, no. ¿Por qué?”, le dice a BBC Mundo Demesia Yat, representante del Colectivo Jalok U, que agrupa a las sobrevivientes de los abusos.
“Está bien, se fueron a la cárcel pero van a tener vida, van a dormir, amanecer y comer”.
“Pero ¿y nuestros esposos?. Ya no tienen vida, no sabemos dónde están, ya no están comiendo, no están con nosotros. Hoy día desconocemos dónde los fueron a tirar”.
Rosa Tuuil está de acuerdo. El camino para llegar al encarcelamiento de los perpetradores fue largo, lleno de soledad y tristeza.
Pusieron “mucho corazón” para animarse a romper el silencio de más de tres décadas. Pero este esfuerzo no alcanza para perdonar.
“Puedo sentir que los perdonamos porque no pagamos con lo que ellos nos hicieron: no los asesinamos, tienen vida todavía”.
“Eso ya es un perdón, ahí está el perdón”.
“Enemigos internos”
Cuando se conoce la crudeza de los testimonios presentados en el Tribunal puede entenderse a las sobrevivientes.
En 1982 Guatemala vivía uno de los períodos más intensos del conflicto armado entre el ejército y la fusión de cuatro grupos guerrilleros.
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“No creímos que la justicia nos iba a escuchar”, dice la sobreviviente Rosa Tuuil.
La organización se llamó Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Ese año en la comunidad de Sepur Zarco se instaló un destacamento militar, y en poco tiempo empezaron a desaparecer decenas de hombres, a quienes los soldados acusaron de alimentar a los guerrilleros.
Pero en realidad, se estableció en el juicio, los desaparecidos eran campesinos que se organizaron para defender sus tierras del despojo de terratenientes.
“Los colocaron como enemigos internos y después los denunciaron ante destacamentos militares”, señala uno de los informes presentados en el Tribunal y que leyó la jueza Yasmín Barrios.
“Dado los tiempos que se vivían en los años 80, el acusar a las personas de enemigos internos era suponer su asesinato”.
Los peritajes presentados en el juicio demostraron que, en realidad, los militares apoyaron a los terratenientes.
Sepur Zarco “no era un territorio donde operaban guerrilleros, es más, las mujeres ni siquiera sabían lo que significaba ese término”.
Así, prácticamente todos los hombres de la comunidad desaparecieron o fueron asesinados. Y a las mujeres sobrevivientes se les consideró “disponibles” por los soldados.
“Estábamos en sus manos”
Las mujeres de Sepur Zarco fueron obligadas a preparar la comida de los militares y lavar su ropa. Lo hacían, declaró Rosa Tuuil, porque de otra forma “nos mataban”.
También sufrieron constantes abusos sexuales. “En una ocasión cuando fue violada quedó desmayada, pues eran muchos soldados y le causaron hemorragia”, leyó la jueza Barrios en la audiencia más reciente.
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Heriberto Valdez Asij fue sentenciado a 240 años de prisión.
Los ataques se realizaban en las instalaciones del destacamento militar y en el río, donde las mujeres lavaban la ropa de los soldados.
Uno de los testimonios dice que los agresores “la inyectaban para evitar que quedara embarazada”.
“Entre sollozos indicó que no podía hacer nada porque estaba en sus manos”.
Los militares “aprovechaban cualquier lugar para abusar de ellas”.
“Les decían que ahora sus maridos eran los soldados”.
“En ocasiones llegó a tener hemorragias y como no tenía acceso a las medicinas se curaba con hierbas”.
Los abusos sexuales fueron una parte de la estrategia. Las casas, la escuela y la iglesia de Sepur Zarco fueron destruidas.
Los sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas, donde muchos niños murieron de hambre y frío.
No fue casualidad. En el juicio los peritos establecieron que al agredir a las mujeres los militares buscaron destruir para siempre “la condición humana y cultural” de la comunidad.
“Creímos que la justicia no escucharía”
Durante más de 20 años las mujeres de Sepul Zarco hablaron muy poco de lo que sufrieron en el destacamento militar
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Durante el juicio las mujeres taparon sus rostros.
Fue un período “de mucho dolor y tristeza”, le dice a BBC Mundo Manuela Ba.
“No teníamos cómo sacar adelante a nuestros hijos, les dábamos de comer lo que encontrábamos y si no igual nos teníamos que aguantar con una sola tortilla”.
Demesia por su parte cuenta: “Éramos unas mujeres desnutridas por la enfermedad, las condiciones de vida, el miedo y la vergüenza”.
Pero hace ocho años decidieron romper el silencio, y aprovecharon que algunas organizaciones civiles se acercaron a ellas para buscar justicia.
“Empezamos a hablar. Hablábamos y llorábamos, nos daba vergüenza, miedo de decir lo que habíamos sufrido”, cuenta Demesia.
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El caso Sepur Zarco conmovió a Guatemala.
Durante mucho tiempo vivieron con el sufrimiento personal pero también una especie de estigma social.
Algo que revivieron en la parte final del juicio, le dice a BBC Mundo Susana Navarro, del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), una de las organizaciones que apoyan a las sobrevivientes.
“Cuando la defensa insinuó que eran prostitutas fue un día muy duro porque fue meter expresiones de algo que a las mujeres les han estado señalando tantos años”.
“La intención era clara, que se sintieran mal, agredirlas otra vez pero ahora con palabras, con lo que les obligaron a hacer. Ponerlas de nuevo en la misma situación”.
Ahora ese duro camino empieza a terminar. “Costó, fue un trabajo muy duro y difícil”, dice Rosa Tuuil.
“Pero hoy día estamos muy contentas porque hemos logrado llegar. Para nosotras también fue difícil creer que la justicia nos iba a escuchar”.
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"Éstábamos desnutridas por la enfermedad, el miedo y la vergüenza": el relato de las mujeres sometidas a abusos sexuales de militares en Guatemala
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