Aquí todo el mundo pregunta por La Flaca.
Lo hace Amalia, quien está de vacaciones y vino a buscar quien la transporte río abajo, los visitantes que quieren alojamiento y los niños que todos los días cruzan su propiedad camino a la escuela.
Esta señora de unos 60 años, arrugada y pequeña pero con una energía adolescente, regenta un hospedaje en el cantón Saraquipí, en el nordeste de Costa Rica, al lado de la frontera con Nicaragua.
Y desde su comedor —un sencillo espacio abierto con techo de madera— se divisa, al otro lado de la masa de agua, Isla Calero, un territorio rodeado por el río San Juan (nicaragüense) y el río Colorado (costarricense).
Esta zona fronteriza tiene garantizado un lugar destacado en los libros de historia de Costa Rica.
El río Saraquipí fue la primera vía de transporte hacia Europa, y el área jugó un importante papel en la defensa de la soberanía nacional, ya que allí se libró la batalla de Sardinal después de que el 10 de abril de 1856 llegaran al país los filibusteros al mando del estadounidense William Walker.
Más recientemente, Isla Calero acaparó titulares después de que en 2010 Costa Rica denunciara una supuesta invasión militar por parte de Nicaragua, así como un presunto daño ecológico provocado por el vecino.
El evento dio lugar a un conflicto diplomático que duró cinco años y que el Tribunal Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resolvió a favor tico el 16 de diciembre pasado.
Para cuando La Haya emitió el fallo, las autoridades costarricenses habían destinado millones de colones — el gobierno no ha confirmado cuánto— al pago de abogados.
Sin embargo, a Lilian Vargas Martínez , una vecina de la zona, de nada le sirve el dinero gastado en litigios y la memoria de papel.
Ella se siente más bien olvidada.
“Estamos abandonados”, le dice a BBC Mundo.
Suerte de lluvia
Esta bella mujer de 26 años, con una larga cabellera azabache peinada de lado, vive en Isla Calero con sus cuatro hijos y su esposo.
Los seis forman una de las 90 familias que, según los mismos habitantes— no hay registros oficiales—, poblan este territorio entre ríos del extremo más oriental de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
La isla fluvial alberga una selva prácticamente impenetrable, con animales salvajes como pumas, cocodrilos y serpientes terciopelo.
Así que quienes la poblan construyeron sus casitas de madera con suelo de tierra cerca de la ribera, donde la vegetación se vuelve más escasa.
Para el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), sin embargo, las propiedades están dentro del Humedal Nacional Caribe Noreste de Costa Rica, y las leyes medioambientales impiden el otorgamiento de títulos de propiedad.
Y eso tiene sus consecuencias.
“No tenemos electricidad ni agua potable, y eso es lo más difícil de vivir aquí”, cuenta Vargas.
Ante esto, los Vargas Martínez, como el resto de habitantes, recogen agua de lluvia en barriles.
Es la más limpia que pueden tener en la isla, por lo que la utilizan para beber y para cocinar.
“Hay que cuidarla”, dice.
“Porque cuando no hay lluvia, hay que ver de dónde se saca”, se lamenta la mujer.
En los últimos años es una situación frecuente, debido al fenómeno meteorológico El Niño que les robó ya dos inviernos.
Así que la primera alternativa es el río Colorado, que recorre su camino hasta el Caribe lleno de agroquímicos y otros residuos tóxicos.
Vargas asegura que ella no la utiliza para beber, sólo para lavar, aunque la primera es una práctica común en la isla.
La directora regional del área de conservación Tortuguero, Laura Rivera, le confirmó al periodista Esteban Mata del diario costarricense La Nación que, hasta que no se modifique la legislación ambiental, los habitantes no pueden aspirar a tener servicios.
Y Elbert Durán, vocero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), explicó que esa misma traba legal impide la electrificación de Isla Calero.
Por ello, los isleños también se acostumbraron a que el día termine con el sol.
Algunas familias, las más afortunadas, como la de Vargas, cuentan con un panel solar del ICE, conseguido gracias al tesón de una iglesia evangélica.
“Fue por un pastor que se movió y se movió, con apoyo de toda la comunidad, (quien puso) la gasolina para que se pudiera movilizar, recoger firmas y enviarlas al ICE”, enfatiza la lugareña.
Pasaron cinco años para cuando les colocaron las placas, recuerda.
“Ahora estamos un poco mejor por esa parte, pero todavía tenemos muchas otras necesidades”, reconoce.
Trabajo en el campo
Muchas de ellas son consecuencia de la falta de ingresos de los habitantes, pero también tienen que ver con la falta de desarrollo e inversión en la zona.
“Vivimos en un lugar en el que es escaso el trabajo“, cuenta Maida, también Vargas Martínez, una mujer joven y morena con el pelo recogido y una vistosa blusa de colores.
En los alrededores la agrícola es la actividad más extendida. Se trabaja por cuenta ajena y es un trabajo temporal, como las cosechas mismas.
Recoge café o piña, el producto principal de la región, pero también cacao, cardamomo, cítricos, banano o palmito. Y se cuida del ganado.
Y quien no tiene barca depende de los demás.
“Yo viajo como una hora en canalete (cayuco) para venir a la escuela”, dice la madre de dos. Allí, en la Escuela Delta Colorado, del distrito Llameros de Gaspar, del cantón Sarapiquí, deja a sus hijos.
“Cuando se puede venimos a motor, pero el transporte es carísimo. Así que si no (venimos) caminando, por un camino que es muy peligroso, lleno de culebras y otros animales, porque es montaña”.
Hoy tuvo suerte y los trajo José Salinas “Chepe” en su lancha a motor.
En cayuco o a pie
En la Escuela Delta Colorado da clase un solo profesor: Mainor Cascante Gutiérrez.
“Aquí no hay acceso por tierra, porque no hay carretera. Solo se puede acceder por el río Colorado, desde el puesto Delta Costa Rica, fronterizo con Nicaragua”, dice, y así se entiende que nunca se quite las botas de goma.
Cascante tiene a su cargo a nueve niños, una que cursa primer grado, dos de segundo grado, tres de tercero, uno de cuarto y dos de sexto. Tienen entre 6 y 12 años.
El Ministerio de Educación les otorga un presupuesto anual de 500.000 colones (US$935), que ocupan para el mantenimiento del edificio, el combustible de la “chapeadora” (la máquina para cortar hierba) y comprar útiles de oficina y material didáctico, enumera.
“Pero tenemos que buscar otros recursos para cubrir las necesidades de los niños”, reconoce.
Se refiere a las donaciones, desde cuadernos a uniformes, que reciben por ejemplo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Club de Leones, una organización internacional de servicio humanitario.
De hecho, al día siguiente tiene que ir en cayuco, con todos los niños de la escuela, a traer unos cuadernos.
“Aquí las familias son muy pobres”, recuerda.
Y se queja: “Hace poco fue noticia internacional que Costa Rica había tenido un litigio con Nicaragua ante La Haya, y se invirtió millones de colones en abogados. Pero en estas comunidades, sobre todo ésta, la más abandonada, no ha tenido ninguna repercusión”.
“No hemos visto mejoría en la calidad de vida de los habitantes, que siguen que el gobierno les vuelva a ver”, reclama.
Aunque, sobre el papel Isla Calero y sus alrededores fueron en los últimos cinco años una zona de máxima atención para el gobierno de Costa Rica.
Crisis diplomática
Todo comenzó en 2010, cuando el gobierno de la entonces presidenta Laura Chinchilla denunció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que Nicaragua había invadido y provocado daños medioambientales en Isla Portillos, llamada Harbour Head por los nicaragüenses.
Esa porción de tierra, la parte más septentrional de Isla Calero, bañada por el mar Caribe, era reclamada como parte de su territorio por ambos países.
Según la acusación, miembros del Ejército de Nicaragua penetraron de forma ilegal en Isla Calero mientras se llevaba a cabo el dragado del río San Juan a cargo del excomandante guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Edén Pastora.
Nicaragua rechazó todas las reclamaciones y respondió que, de hecho, los costarricenses habían sido los que invadieron su territorio.
El vicepresidente de Nicaragua, Omar Halleslevens, comentó al respecto: “No podemos invadir nuestro propio territorio”.
El 16 de diciembre de 2015, sin embargo, La Haya determinó que Isla Portillos es territorio soberano costarricense.
Y ya para entonces, el 7 de marzo de 2011, Costa Rica había emitido el decreto 36440-MP, declarando el conflicto “emergencia nacional” para poder asignar recursos a ella y poder llevar a cabo algunas obras.
BBC Mundo trató de averiguar cuánto dinero se destinó a la zona, pero fue imposible saberlo.
A una de las obras que empezaron a hacerse, la Ruta 1856—conocida como la “trocha fronteriza”, paralela al río San Juan— el Ministerio de Transportes destinó 23.000 millones de colones (US$42,86 millones).
Pero los trabajos no están terminados, y los habitantes de la zona piden que les construyan la carretera “hasta aquí, a Caño Negro”, dice el maestro Mainor Cascante.
Escuelas-clínica, policías-profesores
Según Cascante, lo que más necesita la comunidad es un puesto de visita para el médico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que llega cada mes para atender a la población.
“Se tuvo que clausurar porque se estaba cayendo”, cuenta el maestro.
Y, efectivamente, solo quedan las ruinas.
Así, por el momento, el médico utiliza la escuela para recibir a los pacientes. Y para las revisiones que requieren más intimidad el maestro le cede su casa, contigua a la institución.
Allí hará las pruebas de Papanicolau (citologías) la próxima vez que venga, según se puede leer en un papel escrito a mano y pegado en la puerta de la escuela.
“Y, bueno, esas no son condiciones…”, remarca Cascante.
Pero la Escuela Delta Costa Rica no es la única que ha vivido situaciones inusuales en la zona.
A falta de profesores, en su día los policías del puesto fronterizo Delta Costa Rica se encargaron de las clases de la Escuela La Esperanza, situada también junto al río Colorado e inaugurada por la presidenta Laura Chinchilla en 2012.
Los agentes no impartieron lecciones de matemáticas, ciencia o lengua, sino que enseñaron a los niños cómo prevenir accidentes cuando surcar el río con sus cayucos y qué hacer cuando estos se vuelcan, cómo evitar agresiones sexuales, cómo esquivar las mordeduras de serpiente y hasta cómo cuidarse del dengue.
Útiles les resultaron las enseñanzas a Zuleidi Pérez González, hoy de 10 años.
Cada día cruza el río a remo con su hermano Jason Pérez González.
Y así le toca también hoy. Solos con dos remos, sin chaleco salvavidas y ninguna otra protección contra la corriente y los cocodrilos.
Tardan media hora en llegar a casa. “Y cuando está así, haciendo viento, cuesta bastante”, le dice a BBC Mundo, mientras cruza la propiedad de La Flaca para llegar hasta su básica barca, amarrada a la orilla.
Y, de nuevo, alguien pregunta por La Flaca.
Esa mujer pequeña y delgada, arrugada como una pasa, pero llena de vitalidad, es la presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Delta Costa Rica y secretaria de la Asociación de Desarrollo del área.
Por ello, uno se la imagina, como al resto de los habitantes de la que fuera la zona más disputada por Costa Rica y Nicaragua, explicando las necesidades de la comunidad y denunciando la falta de atención por parte de las autoridades.
Pero, justo hoy, La Flaca no está.
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Los habitantes fantasma de Isla Calero, la zona de Costa Rica que generó un largo conflicto diplomático con Nicaragua
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